Más disparates hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos

tomada del Colombiano

Es innecesario y desfachatado que los Presidentes del Congreso se opongan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Peor aún, envía un mensaje a la comunidad internacional de que Colombia cambiará su compromiso histórico con todos los acuerdos alcanzados en organismos supranacionales y comenzará a comportarse más como otras naciones, estados no democráticos por mandato de tribunales internacionales. Todo porque la abogada Margarita Cabello y el presidente Iván Duque no quisieron enfrentar el complicado debate sobre cómo alinear las regulaciones de Colombia con la Convención Americana.

No puede ser tan complicado. La decisión de la Corte Interamericana fue predecible y predecible. Cuando Gustavo Petro presentó un recurso para su destitución como alcalde de Bogotá mediante medidas disciplinarias, no penales, la Alta Corte comenzó a revisar el caso y encontró que la Convención de los Estados Unidos era clara. Así, la sentencia planteó lo que se esperaba: que una entidad como la Procuraduría General de la República no puede coartar derechos políticos sin antecedentes penales. Esto, dijimos en su momento, implicaba que en Colombia había que reestructurar las funciones de la fiscalía. Como dije: la situación no podría ser más clara.

Pero en Colombia insistieron en una extraña interpretación de la decisión de la Corte Interamericana. El fiscal Cabello, con el apoyo del gobierno nacional, impulsó una reforma destinada a incrementar la burocracia de la fiscalía y preservar su capacidad sancionadora. Es decir, cambiar de cosmética sin respetar la penalización. Lo mismo expresó la Corte Interamericana el 25 de noviembre en un comunicado sobre seguimiento del veredicto: “La Fiscalía General sigue conservando la facultad de imponer sanciones a la destitución e inhabilitación de los funcionarios electos, en contra de lo dispuesto en dos artículos de la Convención de Derechos Humanos de los Estados Unidos ”.