Álvaro Córdoba: con tutela defensa se juega última carta para evitar extradición

Un día después de que se conociera que el Gobierno Nacional ratificó la extradición de Álvaro Córdoba, su defensa se jugó la última carta ante el Consejo de Estado para evitar su envío a través de una medida cautelar.

De fondo, lo que interpuso la abogada del hermano de la senadora Piedad Córdoba fue una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia. En ella se pide que mientras se estudia el recurso, se impida el traslado del detenido en La Picota a una Corte de Nueva York que lo requiere.

La acción de tutela, que deberá ser repartida a uno de los despachos del alto tribunal, consta de 32 páginas, y en ellas se dice que "dado que el traslado de mi defendido podría llevarse a cabo antes de que el señor Juez Constitucional decida la presente acción de tutela, gentilmente le solicito al honorable Juez de Tutela, ordenar que se

suspenda el cumplimiento de las Resoluciones Ejecutivas Nos. 196 del 07

de septiembre de 2022 y 272 del 18 de noviembre de 2022".

Esas resoluciones mencionadas, expedidas por el Ministerio de Justicia, son las que confirmaron la extradición de Álvaro Córdoba. El temor de su defensa es que si no se actúa a tiempo en el Consejo de Estado, "se materializaría de forma irremediable el daño por la afectación de sus garantías judiciales, puesto que se ha dado la extradición sin que la Constitución Nacional lo permita".

La medida deberá ser valorada por el alto tribunal, mientras tanto, EL TIEMPO conoció que Córdoba fue visitado por su abogada este jueves, y en esa cita en La Picota el detenido volvió a insistir en su inocencia, pues desde Estados Unidos lo solicitan porque presuntamente traficó más de cinco kilos de droga.

El recurso consta de varios puntos que empiezan por resumir cómo fue que desde Estados Unidos se solicitó la extradición, el trámite que le dieron en la Fiscalía, el visto bueno de la Corte Suprema y las dos resoluciones del Gobierno de Gustavo Petro.

En concreto, la defensa busca que se amparen los derechos -como el debido proceso- de su cliente, Álvaro Córdoba, "los cuales fueron vulnerados con los actos administrativos expedidos en el trámite de extradición", dice el recurso, contrario a lo dicho por todas las instituciones involucradas, que en sus documentos dejaron claro que la decisión se tomó conforme al marco legal.

anto en esta tutela como en el recurso de reposición que presentó la abogada del preso en La Picota al Gobierno, se sacó a flote un argumento relacionado a que los delitos que señala una Corte de Nueva York, de haber ocurrido, se habrían dado en suelo colombiano, y no en Estados Unidos.

Ese factor geográfico ya lo tuvo en cuenta la Corte Suprema al momento de emitir su concepto en agosto. De hecho, negó dos de los tres cargos que pesaban contra Córdoba por ese motivo: el de porte de ametralladoras y el de concierto para portar armas.